Hace casi un año que el sistema español incumple una obligación impuesta por Europa, com es la de garantizar la remuneración del permiso parental de hasta 8 semanas.
Y mientras el legislador no actúa, son las empresas y las personas trabajadoras quienes arrastran la inseguridad jurídica y, son los jueces a los que les toca hacer de legisladores en cada asunto que resuelven.
Se trata de un laberinto legal: la normativa española introduce este permiso como un derecho pero a la vez lo cualifica como una suspensión del contrato. Y por tanto, abre la puerta a interpretar que no hace falta remunerarlo, a pesar de que la Directiva Europea (UE) 2019/1158 exige una retribución mínima por almenos dos semanas.
El resultado es un permiso teóricamente universal, pero con aplicación práctica desigual, parcial y discutida. De hecho, hay tanta disparidad en nuestros Tribunales que, hasta hemos sido testimonio en los últimos meses de:
1.- Sentencias que reconocen el derecho a cobrar el plus.
2.- Resoluciones que permiten a la empresa proponer fechas alternativas.
3.- Indemnizaciones por denegaciones mal gestionadas.
4.- Conflictos sobre si el tiempo del permiso genera vacaciones o no.
En definitiva, tenemos un panorama fragmentado i confuso, donde las empresas han de actuar con mucha prudencia y conocimiento legal.
Como Jurista y Consultora que acompaña a organizaciones en su día a día, veo dos realidades realmente preocupantes:
La primera es que se traslada a las empresas una responsabilidad que no les toca. En ausencia de reglamento, quien ha de pagar el permiso? La empresa o la Seguridad Social? Sin respuesta clara, muchas optan por no pagar… y se exponen. Las empresas necesitan seguridad jurídica para poder planificar, negociar y aplicar derechos laborales con garantías.
Y la segunda es que se está penalizando la conciliación. Este permiso tendría que ser una herramienta real para facilitar la crianza y la corresponsabilidad. Pero se ve como una fuente de conflicto, reclamaciones y incertidumbre.
Las familias necesitan certeza.
Les empresas, protección legal.
El sistema, coherencia.
